Fitch Solutions Country Risk & Industry Research afirmó que las políticas económicas de AMLO son un lastre para inversión en México.

Fitch Solutions Country Risk & Industry Research afirmó que las políticas económicas de AMLO son un lastre para inversión en México.

La agencia de rating crediticio, Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, aseveró este martes que las políticas económicas del presidente Andrés Manuel López Obrador «seguirán siendo un laste para la inversión en México». Esto, señalado por el analista para las Américas, Peter Giblin durante el webinar denominado «Actualización macroeconómica de América Latina: Las tensiones pandémicas se alivian, pero la recuperación enfrenta desafíos». Ahí, afirmó que la economía mexicana continúa siendo impulsada por Estados Unidos.

Asimismo, Giblin afirmó que las políticas intervencionistas de AMLO y su oposición a los órganos reguladores terminarán pesando en el ánimo de los inversionistas. Esto, aseguró, afectará la economía mexicana a mediano plazo.

Ambiente político complicado

El analista también aseveró que en los próximos semestres el ambiente político seguirá siendo una fuente de riesgo para el país. Lo anterior, debido a la popularidad que mantiene el presidente López Obrador; otra razón que dio el analista, es que Morena continúa siendo el partido dominante en el Congreso.

Otro de los factores considerados por Giblin es que, al no tener la mayoría calificada, Morena no tendrá la capacidad de aprobar reformas más radicales. Por ello, deberán negociar dichas reformas con otros partidos políticos.

Aún ante el contexto político, Fitch Solutions espera un fuerte repunte para la economía mexicana, impulsada por Estados Unidos y el avance en el plan de vacunación nacional. Otro factor favorable para el país es la recuperación de sectores como em turístico; además del envío de remesas. Estas últimas registraron récords sin precedentes durante la pandemia.

Una de las reformas más criticadas de este sexenio, es la llamada Reforma Eléctrica. Esta reformaría tres artículos de la Constitución para limitar a 46 por ciento la participación privada en el mercado de generación eléctrica, mientras que el restante 54 por ciento sería para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa pública.

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