El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna denuncia penalmente a seis consejeros del INE ante la FGR.
La denuncia es en contra de los seis consejeros que aprobaron la suspensión temporal de la realización de las labores para la consulta de la revocación de mandato. Los Consejeros arguyeron que no se cuenta con el presupuesto para llevar a cabo la consulta.
Los consejeros y consejeras son:
- Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente;
- Ciro Murayama Rendón;
- Dania Paola Ravel Cuevas;
- Jaime Rivera Velázquez;
- José Roberto Ruiz Saldaña; y
- Beatriz Claudia Zavala Pérez,
- Adicionalmente también el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina
En la denuncia se establece que:
“Servidoras y servidores públicos que se desempeñan como Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público que se desempeña como Secretaría Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten, en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”.
La demanda se presentó ayer 22 de diciembre; de acuerdo al acuse de recibido, llegó a la Fiscalía a las 12:48 horas.
También ante el Órgano Interno de Control
A las 14:58 horas, Gutiérrez Luna, a través del abogado de la Cámara, Genaro Vásquez, presentó un recurso de queja ante el Órgano Interno de Control de INE en contra de los mismos servidores públicos, por presuntas faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia se dirige al titular del órgano Interno, Jesús George Zamora.
Conforme a sus atribuciones, el Órgano Interno de Control del INE se encarga de la revisión, control, fiscalización, investigación, inspección y vigilancia de los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del INE, y tiene la autoridad de fijar responsabilidades administrativas a los empleados del Instituto, incluidos las y los consejeros. Estas mismas funciones las ejercen este tipo de áreas en el resto de la administración pública.
Las sanciones en caso de que la queja sea atendida favorablemente para el presidente de la Cámara pueden ir desde una amonestación hasta destitución e inhabilitación del cargo.
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