Dentro de ambas cámaras en el Congreso de la Unión, ya se perfila que habrá una prórroga de 60 días para modificar la llamada "Ley Chayote".

Dentro de ambas cámaras en el Congreso de la Unión, ya se perfila que habrá una prórroga de 60 días para modificar la llamada «Ley Chayote».

La polémica por la Ley General de Comunicación Social en el Congreso continúa. También llamada ‘Ley Chayote’, esta norma ha causado enorme controversia y tras la resolución judicial de la SCJN que pidió modificar dicha ley, se acordó en ambas cámaras que habrá prórroga de 60 días para acatar dicha resolución o realizar una nueva.

Esta decisión viene días después de que la SCJN, determinará que debían hacerse cambios o la erogación de dicha ley. Inclusive ya se ordenó a los legisladores federal dar cumplimiento a lo dictaminado por la Suprema Corte. De no hacerlo, se podría iniciar un procedimiento de inejecución de sentencia.

Ante esta posible amenaza, se llevó a cabo una reunión en San Lázaro, donde se sugirió solicitar una prórroga de 60 días para este propósito. Así pues el representante legal de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vásquez se reunió con el titular del juzgado sexto de distrito, el juez Rebolledo, a quién le detalló la dificultad de llevar a cabo la aprobación de la Ley. Sin embargo, el juez señaló que debía cumplirse con el plazo notificado.

Tras esto, y para no caer en conflictos legales, se sugirió que ambas cámaras presenten una solicitud para ampliar 60 días más para cumplir con lo dictaminado en la SCJN. Esta solicitud se presentará un día antes de que se concluya el plazo de 10 días hábiles para atender la solicitud.

SCJN invalida la ‘Ley Chayote’

Este lunes 10 de enero, la Suprema Corte volvió a dar de que hablar. En esta ocasión debido que al apuntar que atenta contra la libertad de expresión y otorga lo que se mencionó como una ‘enorme discrecionalidad’ al gobierno para el gasto en difusión, la SCJN echa para abajo la Ley General de Comunicación Social.

Debido a esta resolución, la SCJN mandó esta ley de regreso al Congreso de la Unión. En dicho lugar, deberá ajustarse a los criterios que propuso el Máximo Tribunal aunque también podría derogarse para dar paso a una nueva versión. También por esta decisión, es que se le ordenó al Congreso subsanar omisiones detectadas por los ministros.

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