El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) externa su preocupación por las desapariciones en Nayarit relacionadas con la apropiación de bienes de las personas; en las que señala autoridades como responsables; por ello pide al Estado mexicano, prevenir y erradicar la impunidad.
“El Comité también recibió información sobre un importante número de desapariciones relacionadas con el tráfico de combustibles en el norte del país; o del involucramiento de autoridades estatales y municipales de Nayarit para apropiarse de los bienes de las personas desaparecidas”; concluyó en su informe este organismo internacional de defensa de Derechos Humanos.
El CED estimó que el creciente número de desapariciones forzadas está relacionada con servidores públicos y el crimen organizado.
Servidores públicos y crimen organizado
“Servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México; esto dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus hallazgos publicados hoy. El Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana”.
El organismo además señaló que es necesario el seguimiento efectivo y personalizado de los procesos de búsqueda e investigación y requiere la adopción de medidas urgentes.
En el caso de Nayarit la Fiscalía General del Estado, debería atender las medidas para buscar e investigar; en particular 39 casos de desaparición forzada cometidos en el Estado entre abril de 2012 y mayo de 2020.
Lamentó el ente internacional que luego de 4 años de la Ley General de Desaparición, solo Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz han creado fiscalías de búsqueda.
Sin embargo deplora que en su mayoría no cuentan con recursos financieros, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo sus funciones.
El comité también mostró su preocupación respecto al porcentaje de casos judicializados y resueltos, lo que denota que la impunidad favorece la persistencia de este flagelo y el encubrimiento de parte de las autoridades.
Poca judicialización de casos
El alarmante estado de las cosas en este rubro se hace patente en este fragmento:
“Según la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional. (…) La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
Aún más, pues entre las recomendaciones emitidas tras su visita a México en noviembre 2021, fue la de atender la situación de los defensores de los derechos humanos, buscadores y periodistas; quienes han sido desaparecidos y asesinados por su labor.
De manera que el Comité llamó al Estado Mexicano a reforzar los procesos de búsqueda e investigación; además de dar apoyo humano y financiero efectivo a la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales.
También a asegurar la coordinación “sistemática y efectiva entre las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas”.
Es importante señalar que el Estado Mexicano deberá haber atendido las recomendaciones emitidas por el CED- ONU en el término de 4 meses.
De no hacerlo, el CED podría determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones y en su caso, determinar los próximos pasos a seguir.
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