El diario El País, logró conseguir informes internos de la Fiscalía General de la República (FGR) y conversaciones grabadas. De acuerdo con lo conseguido por el diario español, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero realizó «escuchas» a la familia Lozoya. Posteriormente, con la información obtenida por este medio, la FGR negoció la entrega de Emilio Lozoya Austin.
En el mes de febrero de 2020, el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, fue arrestado en Málaga, España. Después de su arresto permaneció en una cárcel española hasta el 15 de julio de ese año cuando lo extraditaron a México.
Con su detención, la fiscalía retomó el expediente en su contra por supuestos sobornos que el funcionario recibió de la firma brasileña Odebretch mientras estaba al frente de la petrolera nacional. Además, en el expediente también se encuentran investigaciones sobre la compra de la llamada planta chatarra de Agro Nitrogenados (Pro Agro). La compra de esta planta la hicieron a la acerera mexicana AMSHA, de Alonso Ancira, personaje que también está implicado en la trama.
De acuerdo con lo publicado por El País, la FGR buscaba presionar a Lozoya Austin con órdenes de arresto contra su madre y su hermana. Esto, obligó al exfuncionario acusado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados a sentarse a negociar con las autoridades. El encargado de la negociación fue Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
De esta forma, decidieron entrar en un esquema de colaboración que permitió a Lozoya y su madre evitar pisar la cárcel. No obstante, en noviembre de 2021, perdieron este beneficio “tras la indignación del presidente Andrés Manuel López Obrador”, detalló El País.
Tras la publicación de una serie de fotos de Lozoya comiendo en un restaurante de lujo el Presidente expresó su indignación. En la mañanera del 11 de octubre, AMLO dijo que «produce indignación, que él esté comiendo en un restaurante de lujo, aunque legalmente lo puede hacer”.
“El acuerdo, según han relatado fuentes cercanas a la investigación, se gestó a puerta cerrada. Pero los Lozoya recibieron indicaciones por parte de Gertz y su mano derecha, el subprocurador Juan Ramos, para evitar llevar los procesos judiciales desde prisión”, indica el diario.
El diario señaló que “esa asesoría, calificada como un delito por algunos expertos, quedó plasmada en las escuchas, algunas difundidas en junio pasado. Además, consiguieron paralizar otras siete denuncias contra el exdirector de la paraestatal que había realizado la Unidad de Inteligencia Financiera, según han confirmado fuentes de este organismo”, añade el reporte de El País.
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