Propone Morena que no puedan suspender obras con amparos
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Propone Morena que no puedan suspender obras del gobierno federal con amparos pues se ha abusado de ello para afectar a la 4T.

Mediante una iniciativa signada por Juan Ramiro Robledo Ruiz se propone modificar la ley de Amparo.

De acuerdo con la visión de Morena, la suspensión en materia de amparo y controversias constitucionales se ha convertido en un “problema”. Lo anterior, porque se ha recurrido a este recurso para frenar u obstaculizar obras de esta administración.

La iniciativa propone que las obras del gobierno federal no puedan ser frenadas mediante este recurso.

Dentro del documento, en la parte de exposición de motivos, se afirma que “en tiempos contemporáneos particularmente”, la suspensión de un juicio de amparo se ha utilizado para “obstaculizar actos públicos”. Añade que son los vinculados con el desarrollo nacional, en áreas estratégicas, lo que afecta “de manera grave el interés social”.

Son varias las que han afectado

Como parte de su argumentación enlistó los juicios de amparo que se han promovido contra reformas y obras de esta administración:

  • Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
  • Aeropuerto de Santa Lucía
  • Ley de Austeridad Republicana
  • Ley de la Guardia Nacional
  • La Ley de la Industria Eléctrica

Así como los proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

De acuerdo con el legislador, la suspensión provisional puede provocar que las obras y proyectos se anulen u obstaculicen, con daños no cuantificables y afectaciones al desarrollo nacional.

Así, pide privilegiar la postura en la que el Estado es el encargado de la “rectoría del desarrollo” y de trabajar en las “áreas estratégicas”, que permiten al país desarrollarse sin depender del exterior.

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En concreto lo que se pide es añadir dos párrafos al Artículo 128 de la Ley de Amparo para evitar la suspensión de proyectos, para quedar así:

«Los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión.

La autoridad judicial al resolver sobre el fondo de la demanda se ocupará de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, si fuera el caso, y lo remitirá a la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución».

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