La exhibida de la SCJN al Tamaulipas cabecista - Opinion
La exhibida de la SCJN al Tamaulipas cabecista
Por Autor Conocido

La exhibida de la SCJN al Tamaulipas cabecista 

El control tomado por el Gobierno de Tamaulipas de la Delegación de Tránsito en Matamoros, lo cual ocurrió hace más de 2 años, despertó toda clase de argumentos, comentarios y acciones acerca de una decisión hacia una corporación cuya responsabilidad, única y exclusivamente, pertenece a los municipios. 

Ese movimiento emprendido desde Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, cometido en la administración del alcalde morenista Mario López Hernández, traía por encima la revisión de la corporación pues, aseguraba la Secretaría General de Gobierno, reportes constataban la filtración de presuntos grupos criminales y actos de corrupción de los efectivos. 

Para eso, anunciaron un decreto que les daba pie a arribar a la tierra de Rigo Tovar y someter al personal bajo su mando. El gobierno municipal no se quedó atrás y pasó a elaborar las acciones legales, entre ellas, meter una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía con su vencimiento en 2021, la autoridad estatal no se conformó y emitió otro papel donde les daba «poder» hasta el 2022. 

Revire desde los magistrados  

Fue este jueves cuando los magistrados le dieron la razón al municipio y obligaron al titular de la General de Gobierno Gerardo Peña Flores, como al secretario de Seguridad Pública José Jorge Ontiveros Molina, devolverle dicha función a la ciudad. Todavía dieron un aviso que confirmó acataban la decisión y afirman haber casos irregulares, pero nunca se ejerció acción legal en este lapso. 

Lo real y con impacto en la población matamorense, fueron los abusos de autoridad de dichos elementos amparados por el gobierno cabecista. Detenciones arbitrarias, multas estratosféricas, una amplia lista de historias finalizadas en una «enorme mordida» y situaciones anormales acontecidas en estos dos recientes años, mencionados por los ciudadanos. 

Lo peor para ellos fue esa desprotección. No tenía caso ir con un policía estatal, mucho menos presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, cuyo tortuguismo es el pan nuestro de cada día por otros seis años. Al final, son lo mismo. 

Así terminó la idea de esta administración por meterse por la buena o por la mala a la ciudad donde termina e inicia la patria. Su misión era combatir la impunidad y en tan poco tiempo fue copartícipe de los hechos delictivos, delatado por la instancia que ellos mismos pregonan, debe cuidar la legalidad.

Vaya ironía. 

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