La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) recibió por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de ejecutar un total de 83 órdenes de aprehensión por el caso de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, incluyendo 20 contra mandos y tropas de los batallones 27 y 41 de infantería en Iguala, estado de Guerrero.
Según la FGR, los militares estuvieron apostados en Guerrero durante los días en que tuvo lugar el secuestro, el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Asimismo, la dependencia pidió localizar a cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero y a 11 elementos de la Policía Estatal. Las ordenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa incluyen también a 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como a 14 miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
La Fiscalía detalló que todos ellos habrían participado en el secuestro, asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.
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Entre los cargos que les imputan a los posibles responsables se encuentran delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, la FGR liberó órdenes de arresto por los delitos de tortura, homicidio, y contra la administración de justicia.
Fue el 18 de agosto cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó los resultados preliminares de la investigación federal sobre el caso de secuestro, ejecución y desaparición de los normalistas. Según la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, no existen pruebas de que las víctimas sigan con vida.
Además de calificar a la desaparición de “crimen de Estado”, el funcionario detalló que las evidencias acreditan que fueron “ultimados y desaparecidos”. Un día después, las autoridades detuvieron al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, autor de la denominada “verdad histórica”.
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