De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Fiscalía General de la República (FGR) ha actuado de manera «inusual y desaseada» al cancelar varias órdenes de aprehensión por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014.
Medios de comunicación informaron este fin de semana que la dependencia federal, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, canceló una serie de órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
En ese sentido, el Centro Prodh, quien forma parte de la defensa legal de familiares de los jóvenes, acusó que la medida vulnera la independencia de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.
La periodista Gloria Leticia Díaz señaló que «esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial», pues no tomaron en cuenta a la unidad que lidera Omar Gómez Trejo.
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Entre las órdenes de captura canceladas figuran la de Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, la del exfiscal Iñaki Blanco y la del coronel Rafael Hernández Nieto.
Por otro lado, el diario El País expone que la situación destapa un obvio conflicto entre la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, encabezada por Gómez Trejo, y la Fiscalía General de la República, a cargo del fiscal Gertz Manero. Y es que, según el medio, la orden de cancelar los arrestos no vino por parte de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) ni de su director, Omar Gómez.
Fue el pasado agosto cuando la Fiscalía General de la República ordenó cumplimentar un total de 83 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo han ejecutado cuatro. Entre los beneficiados destacan 16 militares presuntamente vinculados al crimen organizado, como Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala durante el 2014.
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