A través de un comunicado, Amnistía Internacional (AI) lamentó que el acceso a la información y la justicia de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, está amenazado por las contradicciones entre la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Fiscalía General de la República. Asimismo, advirtió que esta situación pone en riesgo los avances logrados, así como la memoria de los jóvenes.
AI se dijo preocupada por el giro que ha tomado la investigación en los últimos días, mismo que dejó en total incertidumbre a los familiares de las víctimas.
Hace unos días, la FGR anunció la suspensión de al menos 21 órdenes de aprehensión emitidas en agosto pasado, incluyendo las de 16 militares señalados por su presunta participación en los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Así lo denunció el exfiscal de la UEILCA, Omar González Trejo, al presentar su renuncia este 27 de septiembre.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, acusó que «los problemas surgidos dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general. Por otro lado, consideró que la única manera de evitar que la «impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático para México» es resolver las graves diferencias entre las distintas autoridades.
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Sobre la situación de desinformación y contradicciones que viven las familias de Ayotzinapa, expresó que es necesario mantenerlas al tanto y en el centro del proceso de toma de decisiones sobre el caso. De esta manera, indicó, no sólo se garantiza la transparencia en el caso, sino también la reparación integral de los enormes daños que han vivido a lo largo de estos ocho años.
De acuerdo con el comunicado, «no podemos tolerar más retrasos en la investigación. El Estado mexicano debe generar las condiciones para avanzar en las investigaciones, respetar la autonomía e independencia del trabajo de la Unidad Especial de Investigación».
A fin de evitar una vulneración de los procesos judiciales, Guevara Rosas destacó que las autoridades deben garantizar el debido proceso, el cual facilitaría la justicia y el castigo de quienes resulten responsables del crimen.
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