El vocero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Jesús Ramírez Cuevas, difundió un comunicado conjunto en el que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México manifiestan su preocupación por la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente peruano, Pedro Castillo. Sin embargo, el Gobierno Federal cometió un error al colocar la bandera de Guatemala en lugar de la bandera de Argentina, un hecho que no pasó desapercibido y derivó en una serie de críticas y burlas.
Momentos después de su publicación en redes sociales, Ramírez Cuevas eliminó el comunicado oficial y lo volvió a difundir ya con la bandera de Argentina colocada junto a las de México, Bolivia y Colombia.
En respuesta a la escandalosa equivocación, el economista Isaac Katz consideró que el responsable, algún funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debería perder su empleo «inmediatamente. Poner la bandera de Guatemala cuando en el comunicado se refieren a Argentina es el resultado de que en este gobierno de cuarta lo que predomina es la ineptitud y la estupidez».
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En la versión original, el Gobierno Federal se refirió a Pedro Castillo como el «presiente» (presidente) del país andino y mencionó el «Pacto de Costa Rica», el cual no existe. Por otro lado, el comunicado ya corregido habla sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José», adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
El pasado lunes, los Gobiernos de México, Bolivia, Argentina y Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que acusaron al Congreso peruano de emprender un «tratamiento judicial» violatorio en contra del expresidente Pedro Castillo. Asimismo, pidieron a las autoridades del país andino respetar la «voluntad ciudadana» que el pueblo peruano expresó en las urnas.
«Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», expresaron, además de solicitar «a quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio» y a las autoridades que «respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial».
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