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Corte invalida segunda parte del Plan B 

Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, la Corte invalida segunda parte del plan B electoral de AMLO.

Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, la Corte invalida segunda parte del plan B electoral de AMLO.

Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, la Corte invalida segunda parte del plan B electoral de AMLO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el tiro de gracia a las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominadas Plan B.

Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría califica de nueve ministros determinó invalidar la totalidad del plan B por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación.

“Resulta claro, evidente que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”, señaló el ministro Laynez.

Al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que lo procedente es invalidar la segunda parte.

“Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debe pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo”, declaró.

En contraste, la ministra Yasmín Esquivel consideró que invalidar la segunda parte del plan B por vicios legislativos, resta credibilidad a la Corte.

Al anunciar su voto en contra de anular más de 450 normas electorales, Esquivel Mossa afirmó que la misión del máximo tribunal del país va más allá de verificar si los legisladores cumplieron con su reglamento parar procesar una ley.

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