Durante las vacaciones de verano, la contraloría del ayuntamiento de Altamira, ha recibido cinco quejas en contra de los elementos de tránsito por pedir dinero a los automovilistas.
Sin embargo, la titular Teresa del Carmen Torres Amador comentó que las denuncias por lo regular son anónimas. Y por tal motivo, no se han especificado las características de los tránsitos, ni de las patrullas.
Asimismo, al no ser ratificadas las quejas, la investigación queda inconclusa y los elementos implicados no pueden ser sancionados.
Aún en planes implementar el uso de cámaras a oficiales
Se ha planteado la posibilidad de colocar cámaras a los oficiales de tránsito para evitar los actos de corrupción, pero no se ha concretado.
Además de Seguridad Vial, la contraloría ha llevado a cabo supervisiones en el resto de más direcciones.
«Hemos revisado todas las áreas y atendimos algunas quejas. Nos hablan y nos dicen que lo pararon por lo que revisamos bitácoras y hacemos lo propio».
La queja más grave que se presentó fue que los elementos solicitaron dinero, pero no pudo ser comprobado. Porque el automovilista no brindó mayor información, pese a que aseguraba no haber cometido alguna infracción y el conductor terminó accediendo a dar el recurso para que lo dejaran ir.
«Ellos aseguran que los pararon de manera indebida sin realizar alguna falta y les pidieron dinero. Nosotros actuamos conforme a protocolo, se revisan bitácora, se llama al elemento, al delegado. Pero al no haber una queja que sea ratificada no se puede proceder a más «.
En caso de comprobarse alguna irregularidad, la funcionaria agregó que se aplicarán las sanciones correspondientes.
«Las denuncias son anónimas, para nosotros es difícil porque imagínese todos los elementos que tenemos y tenemos que investigar cada uno de ellos. No dan el día ni la hora, solamente nos dicen una persona del ayuntamiento o que se identificó como tal».
Consideró que es importante que los afectados de un abuso de autoridad acudan a la contraloría, con la finalidad de que presenten pruebas y sancionar a los responsables.
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«Tenemos la obligación de investigar y lo ideal es que se denuncie. Que se diga cuando menos a quien va dirigida la extorsión o la petición de la dádiva y por lo menos un nombre».
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