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CNDH señala a migración por maltrato y retención de 8 personas en Tamaulipas

CNDH hace recomendación al INM

CNDH hace recomendación al INM

Debido a la detención arbitraria de ocho personas en migración internacional y violaciones a los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) de Reynosa, en Tamaulipas.

La Comisión Nacional emitió la recomendación 185/2023 dirigida al comisionado del INM. Derivado de la queja que recibió el 9 de julio de 2022, de dos mujeres de nacionalidad salvadoreña. Mismas quienes manifestaron que, en junio de ese año, elementos de la Sedena y del INM irrumpieron en el domicilio particular donde se encontraban.

Luego fueron trasladadas a la Estación Migratoria (EM) de Reynosa.

“Según la recomendación 185/2023 se comprobaron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, al trato digno y a la inviolabilidad de domicilio”, informó la dependencia.

Cabe señalar que este hecho involucró a siete personas servidoras de la EM del INM de este municipio fronterizo de Tamaulipas.

Asimismo, en la misma fecha se recibieron las quejas de otras seis personas. Mismas que coincidieron en señalar que, en su representación, fueron tramitados sus respectivos juicios de amparo y en cuya resolución se ordenaba su egreso inmediato. Aunque el personal del INM omitió dar cumplimiento a esas medidas por lo que permanecieron retenidas entre ocho y 10 días.

INM operó de manera incorrecta

Derivado de lo acontecido, la CNDH informó que elementos del INM, en coordinación con elementos de la Sedena, participaron en un operativo que culminó con el aseguramiento de 27 personas. Pero la autoridad el INM, quien ordenó el operativo carecía de facultades para ello.

“Se comprobó que no existía ninguna justificación para la intromisión en el domicilio particular. Dado que no se estaba cometiendo un delito en ese lugar, ni se había perseguido a ningún presunto infractor hasta el interior de la vivienda”, precisó.

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Detalló que se comprobó que las personas servidoras públicas señaladas vulneraron el derecho a la inviolabilidad del domicilio de dos de las víctimas.

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