En el municipio José Joaquín de Herrera en Guerrero, niños de entre 11 y 15 años tomaron las armas para cuidar de su comunidad mientras un grupo de adultos acudió en búsqueda de una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.
Fue en la comunidad indígena de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera que se ubica en la región central de Guerrero donde este miércoles integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) tomaron protesta a un grupo conformado por 5 niñas y 15 niños como nuevos integrantes, a quienes armaron, aunque algunos solo tenían carrizos a manera de rifles.
Luis Morales Rojas, integrante de la CRAC-PF u miembro del Consejo del gobierno Náhuatl señaló que los jóvenes mayores de edad se integrarán a la búsqueda de cuatro miembros de una familia que desaparecieron el pasado 19 de enero. Los demás niños harán labores de vigilancia.
Morales Rojas señaló que a los niños se les capacitó en el manejo de armas como rifles de calibre 22; escopetas de calibre 20, 16 y 410 y también de pistolas.
Este acto se llevó a cabo durante la asamblea en donde además exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado que ayuden con la localización de la familia indígena.
La familia desaparecida la integran Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años y su esposo José Teodoro Domingo Ortiz de 52, además de sus dos hijos, Roberto y Gaudencio de 30 y 22 años, a quienes el pasado 19 de enero se les secuestró cuando pastoreaban su ganado en el punto conocido como Zacatepec.
Niños muestran movimientos de entrenamiento
En la cancha deportiva del poblado, los menores, la mayoría portando rifles y escopetas y algunos solo con carrizos, mostraron movimientos de entrenamiento armado.
Fue el pasado lunes cuando en la asamblea celebrada por el Consejo Tradicional del gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la misma CRAC-PF se tomó la decisión de integrar a los menores ante el resurgimiento de la violencia que afecta a los municipios colindantes con la región Montaña de la que responsabilizan al grupo delictivo de «Los Ardillos».
“Los que nos están acribillando, los que nos están secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos. Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a las autoridades municipal, estatal y federal que nos apoyen con agentes de seguridad”, señaló Morales Rojas.
Actuar de la Policía Comunitaria es legal, señalan
Tras la asamblea, autoridades comunitarias reiteraron que el actuar de su policía comunitaria es legal, exigiendo respeto y que ninguna autoridad levante acusación alguna.
“Recordamos a las autoridades que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados, entre los que destacan la Constitución, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, señalaron.
Por la inseguridad y violencia que se vive en esta comunidad de Guerrero que constantemente denuncian sin recibir garantías de seguridad por parte del gobierno es que niños se han integrado a la Policía Comunitaria.
En 2019 fueron 19 niños los que se incorporaron y en 2020 otro grupo de menores los cuales fueron desincorporados en 2022 cuando funcionarios del gobierno estatal y federal encabezaron una reunión comprometiéndose a brindar seguridad con militares y elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal.
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