La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende de manera parcial el acuerdo presidencial para que las obras de gobierno sean de interés público.
Ese polémico acuerdo clasifica como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras del Gobierno de México.
Lo que se resolvió y afecta de manera parcial el acuerdo, también conocido como el “decretazo”; es que se rechazó clasificar como reservada por razones de seguridad nacional la información de los proyectos y obras. Se refiere a las que se pretendía dejar así catalogadas en esta administración. Entre las obras que están en ese supuesto son el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La suspensión tiene efectos desde el momento en que el máximo tribunal admitió a trámite la controversia constitucional; misma que promovió el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en contra del acuerdo presidencial.
Dijo el ministro:
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en este como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”.
En su determinación, el ministro rechazó de plano además la suspensión respecto a considerar como de seguridad nacional los proyectos para efectos de que todas las dependencias de la administración pública federal otorguen los dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización. Que es el corazón mismo del decreto.
Al ser una medida cautelar, la suspensión estará vigente hasta que la Suprema Corte determine si el acuerdo es inconstitucional o no.
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