Por Autor Conocido
La deuda pendiente en la Iglesia de la Santa Cruz
Los habitantes de la zona sur de Tamaulipas que por obligación manejan o caminan por las calles Chihuahua y Nuevo León aún sienten un ambiente de pesadez, de tristeza y de consternación al llegar a esa esquina. Ni el andar cotidiano, el estrés común de ir de un lado a otro, de resolver problemas o enfrentar nuevos desafíos personales y familiares, quita esa sombra en el predio abandonado que ayer fue un templo.
Ahí, donde estaba edificada la Iglesia de la Santa Cruz hasta aquella mañana del 1 de octubre del 2023, permanecen algunas imágenes colocadas por familiares de los 11 fallecidos, ya deteriorados por el paso del tiempo y el clima. Es lo poco que, al voltear, hace rememorar una tragedia a la fecha arraigada en la población por lo sucedido, por la solidaridad de centenas de personas, pero siendo un asunto sin resolver.
Y además de lo sucedido, en un sitio predilecto para cualquier ceremonia católica, ya sea bautizos, primeras comuniones, acción de gracias, incluido misas de cuerpo presente (los antiguos petroleros se despidieron de su líder Joaquín Hernández Galicia, La Quina), la intención de volver a levantarlo solamente ha quedado en eso, una voluntad al aire.
El día para recordar el momento más terrible se dio la semana pasada. Hubo un esfuerzo de cercanos a las víctimas, entre ellos los lesionados quienes por fortuna todavía viven para contarlo, en hacer una remembranza, pero también un llamado a esclarecer las causas. Dos años más tarde y el asunto se resiste a desaparecer de la conversación local, sin embargo, no falta quien lo trata de minimizar.
¿Un asunto “oscuro”?
Es aquí cuando el tema se empieza a ver de forma más escabrosa. Fue clara una omisión en puntualizar dónde estaban las imperfecciones de la losa, la misma que le cayó encima a un centenar de personas presentes en su interior, entre ellos bebés y menores de edad. El asunto es ¿quién o quiénes? ¿Por qué no actuaron a tiempo?
Las dudas antes mencionadas y otras quizás se encuentren pegadas con un corcho en el muro de la Dirección Estatal o Regional de Protección Civil, así como en la Fiscalía General de Justicia, un recordatorio de que eso aún no tiene una solución definitiva.
Lo mejor y para cerrar por completo el caso, el llamado de justicia tendrá que ser contundente, alejado de cualquier sesgo económico, político o incluso de creencia. Si el responsable es un funcionario público o un miembro de la comunidad católica, se debe aplicar la ley tal cual, fuera de cualquier rango o la “amenaza” de sufrir un castigo divino.
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