En respuesta a la «injerencia en sus asuntos internos» por parte de los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, las autoridades de Perú anunciaron que llamarán a consulta a los embajadores en dichos países. Y es que, desde la detención de Pedro Castillo la semana pasada, varias naciones latinoamericanas han emitido pronunciamientos cuestionado el arresto del expresidente y la posterior toma de protesta de Dina Boluarte como líder peruana.
Luego de que el diario oficial El Peruano publicara una declaración al respecto, la canciller Cecilia Gervasi informó que, respecto a los países que han «expresado opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú, hemos decidido traer en consulta a los embajadores en esos países como expresión de la molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo».
Asimismo, aseguró que la decisión deriva de «la intromisión» de «las más altas autoridades» de México, Colombia, Argentina y Bolivia en los asuntos internos de Perú.
Debido a que cuestionan la «sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución de Perú», la nueva responsable del Ministerio de Exteriores consideró que las declaraciones de los presidentes no coinciden «con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo» que comparten.
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En ese sentido, Cecilia Gervasi aseguró este jueves 15 de diciembre que Perú «seguirá dando muestras de su amplia voluntad para profundizar en el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional».
El pasado lunes, los Gobiernos de México, Bolivia, Argentina y Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que acusaron al Congreso peruano de emprender un «tratamiento judicial» violatorio en contra del expresidente Pedro Castillo. Asimismo, pidieron a las autoridades del país andino respetar la «voluntad ciudadana» que el pueblo peruano expresó en las urnas.
«Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», expresaron, además de pedir «a quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio» y a las autoridades que «respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial».
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