El Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) urgieron al Gobierno Federal a «emprender los cambios legislativos necesarios» para eliminar el arraigo y la prisión preventiva injustificada, tal como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el pasado 27 de enero.
A través de un comunicado, las organizaciones internacionales exigieron a las autoridades mexicanas «emprender los cambios legislativos necesarios para eliminar la arbitrariedad y garantizar los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo».
Hace varios años, según recordaron las organizaciones, la CorteIDH determinó que la privación de la libertad a posibles sospechosos previo a la vinculación a proceso, conocida como «arraigo», y la prisión preventiva injustificada atentan contra los derechos humanos y el debido proceso.
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De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), 41% de las 228 mil personas encarceladas en México, hasta diciembre del 2022, estaban en prisión preventiva. Por otro lado, la medida de arraigo vulneró los derechos de más de 8 mil personas en el periodo de 2008 a 2020.
El pasado viernes 27 de enero, la CorteIDH declaró a México culpable por la «violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial» durante el proceso penal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López «en el marco de su detención y privación a la libertad».
El caso se remonta al 12 de enero del 2016, cuando elementos de la extinta Policía Federal detuvieron a los tres hombres en la carretera México-Veracruz por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada. Tras permanecer en arraigo por 90 días, Jorge, Gerardo y Gustavo estuvieron en prisión preventiva por dos años y medio, hasta su liberación y absolución el 16 de octubre del 2018.
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