En respuesta a la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Amnistía Internacional (AI) urgió al Gobierno Federal a implementar «de manera inmediata» las medidas necesarias para eliminar de la Constitución «las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa».
A través de un comunicado, difundido en redes sociales este lunes, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares, hizo un llamado a que las autoridades mexicanas eliminen «las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa de la Constitución y de las leyes, por ser contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
De acuerdo con la activista, dichas medidas fomentan la reclusión basada en presunciones o sospechas, por lo que no garantizan que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. «La sentencia de la CorteIDH marca un precedente histórico para el sistema de justicia mexicana y debe ser prioritario su cumplimiento», expuso Olivares.
Este viernes 27 de enero, la CorteIDH declaró a México culpable internacional por la «violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial» durante el proceso penal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López «en el marco de su detención y privación a la libertad».
También te podría interesar: [México] Oposición lanza «Mexicolectivo», plataforma destinada a resolver problemas del país
Actualmente, la figura del arraigo permite que los detenidos permanezcan privados de su libertad «hasta por 80 días» mientras las fiscalías investigan, independientemente de si existen o no cargos y evidencias en su contra. Al respecto, la CorteIDH determinó que es «incompatible a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)».
«Viola ‘per se’ los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia», sentenció Olivares.
«Si bien la CorteIDH no se pronunció directamente sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO) por no aplicar al caso concreto, sí obligó a adecuar la figura de la prisión preventiva a los estándares internacionales, lo que implicaría también su derogación», expuso AI.
También te podría interesar: Delfina Gómez deja la SEP con 830 millones de pesos en irregularidades: ASF
