Más de 500 organizaciones no gubernamentales llamaron a que los legisladores de las diferentes bancadas desechen la reforma de ley, promovida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y enviada hace unos días a la Cámara de Diputados, con la que desaparecerían o se fusionarían 18 organismos y entidades federales.
Entre las instituciones que se verían afectadas por la nueva reforma de AMLO se encuentran el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados (COMAR), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros.
De acuerdo con las organizaciones firmantes, estos organismos y entidades existen actualmente gracias a la lucha del Poder Legislativo, cuyos integrantes vieron por su creación y desarrollo.
A través de un comunicado, recordaron que los legisladores en años pasados «lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte, o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes».
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También calificaron a esta iniciativa de inconstitucional, pues vulnera el Principio Pro Persona, el Interés Superior de la Niñez, y la búsqueda de la Igualdad de Género, «en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población».
Las organizaciones civiles consideraron que no existe «ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional. Por el contrario, estos organismos se deben fortalecer porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados, y, por ningún motivo, deben fusionarse ni desaparecer, pues ello vulnera la autonomía e independencia con el que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables, y se disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles».
Advirtieron que la capacidad de resolver graves problemas sociales sufriría un retroceso importante, pues todas estas instituciones y organismos protegen los derechos humanos de sectores muy amplios de la población, y se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, aseguraron que «poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por década».
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