Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) acusó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) creó la reforma a la Ley de Amnistía con la finalidad de liberar a cualquier criminal, incluso a los peores delincuentes e integrantes del crimen organizado.
Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amnistía el pasado 18 de abril en el Senado de la República, la legisladora panista aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ya cuenta con todo lo necesario para llevar a México a una «dictadura».
Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga, Lilly Téllez indicó que «no hay lugar a exageraciones porque la ley de amnistía es para que el presidente de México tenga el poder para que saque a cualquier criminal de la cárcel, al que se le dé la gana, al que haya cometido los delitos más abominables, va a tener el derecho de decir ‘sale fulano de tal, ese criminal, ese abusador, ese narcotraficante’».
También expuso que el Gobierno de AMLO tendrá la capacidad de armar «un negociazo» y vender «la libertad a los peores criminales», incluyendo a los capos del narcotráfico.
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Aseguró que «los peores delincuentes van a poder decirle al presidente ‘te doy lana y me sacas de la cárcel’. El presidente va a poder decirle a los criminales: ‘tú acusa a quien sea’, a los enemigos del presidente, hay una lista muy larga, los periodista, por decir algo. A cualquier ciudadano le va a poder fincar cualquier crimen que venga de un delincuente que está en la cárcel».
La votación del pasado 18 de abril cerró con 67 votos a favor, de Morena y sus partidos aliados, y 35 en contra, de los partidos de oposición. Posteriormente, corresponderá a la Cámara de Diputados analizar la Ley de Amnistía para su posible aprobación.
Esta reforma otorga al presidente las facultades para exceptuar la aplicación penal a testigos que puedan proporcionar datos verificables y comprobables que ayuden a resolver delitos que lastimen al país.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), explicó que la Ley de Amnistía se creó con la finalidad de acabar con «el pacto de silencio», pues las personas sentenciadas podrían aportar mayor información para casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros considerados como relevantes para el Estado.
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