La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió liberar a Juana Hilda González, encarcelada desde hace 19 años por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.
Los ministros señalaron que no hay pruebas suficientes que sustenten el delito.
Loretta Ortiz, presidenta de la sala, ordenó que la sentencia se comunique lo más pronto posible al sistema carcelario para lograr así la liberación inmediata.
La votación final fue de cuatro votos a favor y uno en contra.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala que el Estado no “logró demostrar que las ‘confesiones’ que la detenida rindió, el 6 y 21 de febrero de 2006, cuando estaba retenida bajo la figura del arraigo, fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura. Por tanto, esa prueba debe invalidarse, así como cualquier otra que se hubiese obtenido con motivo de esta supuesta confesión”.
De dichas ‘confesiones’ se derivaron actos de investigación que hay que declarar ilegales.
El único ministro que votó en contra fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, sin embargo, no explicó sus motivos.
Otros procesos podrían medirse con la misma resolución
Juana Hilda González, pasó 19 años en la cárcel, tras recibir una sentencia de 78 años al acusársele del secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, en julio de 2005.
Según la Corte, la resolución tomada este jueves, se ciñe a los más altos estándares constitucionales y en materia de derechos humanos, sobre todo en lo referente a la prohibición de la tortura y la exclusión de pruebas ilícitas durante un debido proceso.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFPD) consideró esta decisión como de «trascendencia en el sistema de justicia penal» y adelantó que este fallo de la Corte puede tener consecuencias en los procesos de otras personas ligadas al caso Wallace, como son César «N», Albert «N» y Tony «N», cuyos juicios de amparo indirecto están suspendidos; así como el caso de Brenda «N» y Jacobo «N» quienes continúan bajo proceso.
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