El Instituto reclamaba mil millones de pesos para llevarla a cabo.

En sesión vía remota la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió negar al Instituto Nacional Electoral mil millones de pesos que éste había solicitado para llevar a cabo la consulta popular el próximo primero de agosto.

Dicha consulta tendrá como propósito que la ciudadanía decida acerca de si debe investigarse o no los posibles actos de corrupción y hechos de violencia de funcionarios de anteriores administraciones. Específicamente en cuanto a expresidentes.

La Corte determinó que no existe ninguna ley u ordenamiento legal que señale la obligación por parte del Congreso de la Unión para que éste estableciera o determinara los recursos monetarios con los que el INE debe llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la consulta popular.

El INE reclamaba dichos recursos para llevar a cabo la consulta, sin embargo la Corte consideró que “Conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, las atribuciones conferidas al INE en materia de consultas populares, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de 2019 y los subsecuentes”.

De manera que quedó establecido que el INE deberá llevar a cabo la consulta con el presupuesto que tiene asignado y ni un peso más.

La pregunta que se hará en dicha consulta es:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

efd

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