Se cree que tiene como objeto proteger al actual gobernado de por vida
En el Congreso de Tamaulipas se presentó una iniciativa para proteger con escoltas a servidores públicos en funciones o retirados.
Evidentemente, el primer beneficiado sería al actual gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.
La propuesta podría generar que se tenga que pagar de por vida la protección a funcionarios, ex funcionarios y su primer círculo familiar. Todo con cargo al erario.
El priísta Florentino Aarón Saénz Cobos es quien presentó la propuesta; misma que al parecer tiene como evidente finalidad beneficiar al actual gobernador surgido de las filas del PAN.
Francisco García Cabeza de Vaca concluye su mandato este mes de septiembre y al decir del legislador se encuentra en riesgo por su persecución y combate al delito, en especial al crimen organizado.
Dijo el priísta: “Mi postura es invitarlos a que nos posicionemos a favor esta propuesta, toda vez que las actividades de procuración de justicia y seguridad, en especial aquellas que buscan combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico, constituyen un alto riesgo para la vida e integridad corporal de los servidores públicos a cargo de las funciones de investigación y persecución de delitos, particularmente de los cometidos por organizaciones criminales altamente sofisticadas”.
Se propone a días de terminar la actual legislatura
De una manera que a alguno mueve a sospecha; esta modificación a Leyes locales, se promueve días antes de que termine el 30 de septiembre la actual legislatura de mayoría panista.
Al día siguiente ingresará la nueva legislatura que será de mayoría morenista.
En la propuesta se dice que se daría servicio de guardaspaldas; así como coches y demás insumos para la eficiente protección del servidor público, sus parejas y familiares en primer grado; esto mientras la Secretaría de Seguridad Pública en su evaluación lo considere necesario.
“No es un privilegio, es una imperante necesidad”, dijo Sáenz al mencionar que los servidores públicos deben contar con protección personal y la de su familia para actuar libremente contra los delincuentes.
En tanto que la diputada Ester García Ancira, de Morena, criticó la medida por su ambigüedad; pues la extensión de los plazos de protección pueden hacer que el Estado termine pagándoles de por vida la protección a sus servidores públicos.
El panista Alberto Lara Bazaldúa, dijo que no conoce totalmente la propuesta; pero señaló que ya existe legislación que protege a los servidores públicos en la entidad dentro de la Ley de Seguridad Pública local.
En el caso del mandatario, la protección debería ser por seis años, sin que se conozca con precisión cómo se aplicaría el criterio de “condiciones de riesgo” a que se alude en la propuesta para hacer efectiva una postergación de la protección.
Señaló que si la evaluación así lo señala, la protección podría no prolongarse.
“Suponiendo que un gobernador reclame seguridad para él y su familia; estará supeditada a la evaluación que haga la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, se hace una evaluación de riesgo. Si la misma no lo considera necesario, pues no se le brinda protección”, señaló el reynosense.
Se espera que la propuesta se vote hoy en el Congreso de Tamaulipas con el respectivo reglamento que la respalde.
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