Piden a la Fiscalía General de la República (FGR) detener persecución en contra de científicos después de que se divulgara la carpeta de investigación contra 31 de ellos.
Luego de que se dio a conocer que la FGR abrió una carpeta de investigación para solicitar a jueces federales órdenes de aprehensión en contra de 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT); usuarios de las redes sociales pidieron a la Fiscalía que se detenga. Lanzaron la petición: Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”. En esta, los usuarios exigen «el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana».
En la petición, se describió que «la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acusó penalmente al FCCyT de haber recibido recursos ilegales» de autoridades del CONACYT. Todo esto durante la administración pasada.
CONACYT vs. FCCyT
Álvarez llegó desde el inicio de la administración de AMLO al CONACYT. La institución dejó sin recursos al Foro en 2019. La justificación fue que “tras una consulta puntual realizada por el CONACYT a la Secretaría de la Función Pública (…) informamos que el Conacyt no se encuentra obligado a transferir recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pues se trata de una asociación civil, esto es, una persona moral de derecho privado”.
Para 2020, CONACYT cambió su reglamento interno y desapareció la figura del Foro como organismo de asesoría autónoma. Aunado a ello, el Conacyt creó un segundo foro.
El pasado 14 de julio se llevó a cabo la “Sesión remota de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”. Aquí el asunto fue sobreseído. Es decir, que hubo una suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.
Pese a esto, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz-Manero, solicitó al juez de El Altiplano la orden de aprehensión por uso de fondos “de procedencia ilícita” en contra de las 31 personas acusadas.
“La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del CONACYT. Además de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”. Esto señala la petición firmada por los usuarios.
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