Ahora, la FGR investiga a la titular de CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla por desacato judicial. No entregó recursos al fondo consultivo.Ahora, la FGR investiga a la titular de CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla por desacato judicial. No entregó recursos al fondo consultivo.

Ahora, la FGR investiga a la titular de CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla por desacato judicial. No entregó recursos al fondo consultivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez Buylla. Esta fue denunciada hace más de un año por desacato a un mandato judicial. Aún cuando la carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2020, no fue sino hasta el 21 de junio que la FGR solicitó diversos documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria, para integrarlos al expediente.

Derivado del desconocimiento que realizó CONACYT de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), los integrantes de la mesa directiva tramitaron un amparo.

El juicio fue admitido en septiembre de 2019. El juez, Gabriel Regis, concedió una suspensión para que el Conacyt entregue recursos al foro para seguir operando mientras se resolvía el amparo. No obstante, CONACYT no entregó los recursos y en marzo 2020 al Ministerio Público investigar a Álvarez-Buylla.

Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR.

Insistencia de la FGR

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es legal que CONACYT entregue recursos al Fondo hasta el ejercicio de 2019. Esto, porque así estaba estipulado en la normativa interna hasta 2020.

Pese a que existe esta determinación, la FGR ha insistido en que la constitución del Foro y la transferencia de recursos del CONACYT, son ilegales. Ya han intentado, en dos ocasiones, obtener órdenes de detención en contra de 31 ex integrantes de CONACYT y de FCCyT.

31 científicos y ex funcionarios son investigados por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada.

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