El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se investiga la actuación del FBI ante el caso de agentes que desestimaron denuncias de abusos sexual de Larry Nassar.
Ante la decisión de no procesar a dos agentes del FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que investiga nuevamente la actuación de esta dependencia por desestimar denuncias de abusos sexuales en contra de Larry Nassar.
Esta nueva decisión de reabrir la carpeta de investigación viene tras la testificación de gimnastas olímpicas, entre ellas Simone Biles, en el Senado estadounidense. Ahí solicitaron explicaciones al FBI por su forma de proceder ante las denuncias contra el médico.
“Quiero que las supervivientes entiendan lo excepcionalmente en serio que nos tomamos este tema, y que creemos que esto merece una revisión completa y exhaustiva”, dijo Lisa Monaco, vicefiscal general. La funcionaría también dijo que esto se hará «con sentido de urgencia» durante su audiencia ante el Comité Judicial del Senado.
Ante estas presiones, el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, dijo que se examinará «nueva información que ha salido a la luz». Esto en referencia al tratamiento de las denuncias por parte del FBI respecto a los abusos de Nassar.
Ha habido gran crítica al Departamento de Justicia por su veredicto de no procesar a dos agentes del FBI. Se trata del caso de Jay Abbott y Michael Langeman quienes no investigaron debidamente lo ocurrido y estancaron la investigación. Esta falta habría ocurrido en 2015 y 2016 en la oficina del FBI en Indianápolis, donde esta la sede de la Federación de Gimnasia también.
Abbot está jubilado ya desde hace años y Langeman fue despedido en septiembre, poco antes de la testificación de las gimnastas en el Senado. Un informe interno señaló que Langeman mintió a la oficina del inspector general en entrevistas en este año y el anterior. Se espera que se dictaminen posibles cargos por estos sucesos.
Actualmente, Larry Nassar, quien abusó de más de 330 jóvenes, cumple una condena de entre 40 y 175 años. Se suma también otra de 60 años por pornografía infantil, una cadena perpetua de facto.
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