En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, México continúa siendo en líder en impunidad de los crímenes contra periodistas.
Con el asesinato de dos reporteros mexicanos en menos de una semana, se marcó este martes el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en México. El país azteca sigue siendo un país teñido por una violencia desbocada que casi nunca encuentra justicia.
«La impunidad es el principal aliciente para que la violencia se perpetúe. Cuando el 98 % de las agresiones contra la prensa no son sancionadas, el mensaje que se manda a los perpetradores es que pueden seguir haciéndolo», se declaró.
Desde hace años, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La razón son las constantes agresiones, amenazas e incluso asesinatos que sufren los informadores. Y si bien buena parte de ellas provienen del crimen organizado, algunas igual han venido de las mismas autoridades.
En México, los números hablan por sí solos. Según Reporteros Sin Fronteras, México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis.Y en lo que va de año, ya se han reportado al menos a siete reporteros asesinados por su labor periodística.
A esta lista roja se deben añadir los nombres del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), y del foto-reportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco (Guerrero), torturado y asesinado.
No hay carpetas de investigación contra crímenes a periodistas
A pesar del alto número de muertes, no solo existen asesinatos. Artículo 19 contabilizó, en el primer semestre del presente año, 362 agresiones contra la prensa, la inmensa mayoría intimidaciones y amenazas.
«Parece que son delitos menores, pero en realidad, son delitos que tienen una fuerte incidencia sobre la libertad de expresión», se declaró
La mayor parte de los asesinatos se le adjudican los asesinatos al crimen organizado con algún tipo de vinculación con las autoridades. Pero, por otra parte, las amenazas, que son la mayoría de agresiones, provienen casi siempre de funcionarios públicos.
«La violencia contra la prensa tiene que ver principalmente con motivaciones políticas, y estas motivaciones empujan hacia la impunidad», se manifestó.
Según se expuso, los responsables de las agresiones suelen estar vinculados con los ministerios públicos locales. Debido a esto se «condiciona la independencia de las fiscalías», que no tienen «ni capacidad ni voluntad» para resolver los crímenes.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada en 2010 a nivel federal, ha actuado bajo «una excesiva discrecionalidad» a la hora de asumir los casos.
Como resultado de esto, muchas investigaciones quedan incompletas. Se rastrea a los autores materiales de los crímenes, pero no a los intelectuales ni a las cadenas de mando.
De la palabra al hecho…
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 con la promesa de proteger a los periodistas. Así pues, justo al arrancar la Administración, se pidió disculpas en nombre del Estado a Lydia Cacho por haber sido torturada por policías en 2005. La razón fue debido a una denuncia que se hizo hacia una red de pederastia.
Sin embargo, Cacho se tuvo que exiliar en 2019 después de que unos sujetos allanaran su domicilio y mataran a sus perros. Por su parte, José Kamel Nacif, el empresario que habría ordenado su tortura, está en libertad.
Como Lydia Cacho, muchos se sienten cada vez más desprotegidos bajo el Gobierno de López Obrador. Especialmente desde que el año pasado suprimió, en aras de la austeridad y el combate a la corrupción, el fideicomiso del mecanismo de protección para periodistas y activistas, que cobija a 1.500 personas.
Con información de EFE
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