Al Gobierno de Tamaulipas, le costaría más de 160 millones de pesos la cancelación del reemplacado que estaba previsto para el 2022. Lo afirmó el diputado local, Carlos Fernández Altamirano.
Dio a conocer que según datos de la Secretaría de Finanzas de la administración estatal, la empresa contratada para elaborar las láminas ya estaba por terminarlas; esto con el propósito de cumplir con el tiempo estipulado en el contrato firmado.
«En la tribuna me manifestaba en contra del dictamen que se estaba haciendo porque era un dictamen que carecía de impacto presupuestal y de impacto regulatorio, eso no se consideró», puntualizó.
El diputado del Partido Acción Nacional, sentenció que la bancada de Morena nunca mencionó cuál sería el impacto negativo en el tema de las finanzas.
«Esto empezaba a partir de enero del 2022 y ya se había contratado; platicando con la Secretaría de Finanzas, ya se había contratado, ya estaban por finalizar las placas para el 2022», indicó.
Señaló que si el Gobierno de Tamaulipas no cumple con el contrato; no descarta que vayan a darse acciones legales por parte de la compañía.
«Si no se cumple con lo que se tiene que pagar, que son 160 millones de pesos, que nos costaría a los tamaulipecos; claro que habría consecuencias jurídicas», subrayó el funcionario.
Consideró que la cancelación le costaría a todos los tamaulipecos, además de un posible proceso legal, «claro que habría consecuencias jurídicas como todo contrato que se firma; es lo que el grupo parlamentario del PAN alegaba; necesitábamos hacer un análisis con profundidad porque en un mediano plazo nos va salir más caro a los tamaulipecos esta medida».
«Viene a impactar mucho en el tema de seguridad; porque el tema de las placas es primordial para combatir cualquier tipo de violencia, de inseguridad entre muchas otras cosas», finalizó Carlos Fernández Altamirano.
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