«Es falso que el INE pretenda impedir» la consulta para la revocación de mandato, afirma el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Este domingo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el organismo autónomo ajustó el presupuesto para poder realizar la consulta para la revocación de mandato que pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mediante un video difundido en Twitter, Córdova señaló que «es falso que el INE pretenda impedir» la celebración de esta consulta.
Dijo que como lo manda la ley, el INE realizó los ajustes presupuestales necesarios para poder realizar la consulta. Esta, informó, supondrá un costo superior a los 3 mil 830 millones de pesos.
Asimismo, mencionó que el ajuste obedeció al recorte presupuestal realizado por la Cámara de Diputados en el presupuesta para el INE para 2022. Informó que se libraron recursos por 445.4 millones de pesos del presupuesto base y de la cartera institucional de proyectos. Esto implicará la cancelación de obras programadas como la construcción de dos juntas locales del INE en Querétaro y Colima.
Córdova dio a conocer el establecimiento de una meta de ahorro de 227.1 millones de pesos ordenada por el consejo a diversas áreas del instituto. A estos recursos se suman 830.5 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados para la realización de eventuales ejercicios de consulta popular.
“De esta forma, el INE cuenta hoy con una bolsa de mil 503 millones de pesos para realizar eventualmente la revocación de mandato en caso de que se reúnan las firmas necesarias para ser convocada legalmente”, afirmó.
Fondos insuficientes
No obstante, aseguró que, tristemente «ese monto resulta insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley Federal de la materia». Señaló que el “boquete presupuestal” que enfrenta el organismo para realizar adecuadamente la consulta es del orden de dos mil 300 millones de pesos.
Córdova anunció que «ante la grave situación» presupuestal, el INE decidió «promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta determine cómo debe avanzar el Instituto en la revocación de mandato u ordene que se otorguen al INE los recursos requeridos para dicho proceso».
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