Al considerarla como un “atentado contra la autonomía del organismo y la independencia de sus integrantes”, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) condenó la denuncia hecha contra los seis consejeros del INE que avalaron posponer la consulta de revocación de mandato.
Fue mediante una carta que el colegio de abogados indicó que cualquier actuación contra los consejeros electorales podría considerarse “una persecución a la autoridad electoral por la toma de decisiones en el ejercicio de sus atribuciones”.
“Entendemos que existan diferencias de opinión respecto a la organización de la revocación de mandato y los recursos económicos que se necesitan para ello. Sin embargo, las instancias penales no son la vía para resolver los diferendos que pudieran existir. Particularmente cuando no se advierten ilicitudes en este tema”, indicó la BMA.
En respuesta, el diputado Gutiérrez Luna desmintió que haya una persecución en contra de los consejeros del INE que decidieron posponer el ejercicio de revocación. Esto se dio luego de que la Cámara de Diputados denunció a seis de ellos ante la Fiscalía General de la República. La denuncia se dio por la presunta comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Será la propia FGR quien “habrá de emitir la determinación conducente”, dijo el diputado para señalar que las denuncias no se encuentran en sus manos.
La denuncia es un «error»
Por otro lado, el vicepresidente de San Lázaro, Santiago Creel, aseguró que Gutiérrez Luna “cometió un grave error” al interponer la denuncia.
“El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra consejeros del INE; la cual no acompañamos”, compartió en redes sociales el diputado del PAN.
De igual manera, Creel considera que la denuncia contra los consejeros del INE “busca inhibir la independencia de los integrantes del Consejo General, cuando votan libremente los asuntos de su competencia”.
“Imposible que haya delito en un acto de autoridad legítimo como el de la mayoría del Consejo General. Se reunieron en tiempo y forma para defender derechos políticos ciudadanos, que son derechos humanos y que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a defender. Y sobre todo cuando la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral o la Corte”, señaló el legislador.
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