En el municipio de Tampico han atendido 6 abuelitos en abandono, que si tiene el dinero para mantenerse, pues les llega el apoyo Federal. Sin embargo sus hijos se los quitan y no se hacen cargo de ellos.
El procurador de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF de Tampico, Luis Llorente Herrera, indicó que han sido las personas de la tercera edad las que por su propio pie han llegado para solicitar ayuda, pues no se pueden cuidar por sí mismos además de que los dejan sin dinero.
Hasta el momento se han atendido a 6 personas en estas condiciones. Todas son despojadas del dinero que se les otorga a través del programa 65 y Más, por parte de sus familiares que al final tampoco se hacen cargo de ellos.
«Tenemos unos 6 casos en lo que va del año, gente ha llegado por su propio pie al refugio y restituirlo; Desgraciadamente la cuestión económica, pero no tanto porque no puedan solventar los gastos de ellos; sino porque se están aprovechando del apoyo que le está dando el Gobierno Federal y esos recursos se los quitan y a ellos los dejan desprotegidos», aseguró.
El problema que existe en la ciudad es que ha crecido mucho el abandono hacia los abuelitos. Sin embargo, el municipio carece de un lugar adecuado para poderlos albergar. Así que prácticamente tiene que vivir de la calidad de las personas, que abren un espacio temporal en sus casas.
Indicó que hubo un caso específico en el que una persona llegó directamente al Centro de Salud de Tampico. Denunció que en su casa no lo querían, ahí se pidió la intervención del DIF.
«Nos mandaron a llamar del Centro de Salud para verificar la situación de una persona que se encuentra en abandono. Pero la persona nos está indicando su domicilio y nuestra labor es ir a checar, si tiene familia y saber qué es lo que está pasando. Cuál es el motivo por que no le quieren dar estancia en su casa o por qué lo están echando como él dice. Es muy importante señalar que puede constituirse como un delito», explicó.
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La situación ha derivado en que se interpusieron dos denuncias por abandono ante la Fiscalía General de Justicia; dónde la Procuraduría del DIF está aportando pruebas para que el ministerio público pueda solicitar que se judicialice el caso, pues cabe señalar que la omisión de cuidados es un delito penal, que alcanza cárcel.
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