Tras el alza en agresiones hacia las mujeres el gobierno mexicano trabaja en la elaboración de un registro de agresores que han atentado contra este género.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que trabaja en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas cuya información genética pueda ser utilizada en las investigaciones.
Como parte del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez anunció la iniciativa.
Facilitará a las Fiscalías en la vinculación de evidencias
Con esta ayudará a que las fiscalías estatales cuenten con un Banco de ADN de uso forense. Cuya información genética pueda ser utilizada en la vinculación de evidencia; así como la activación de un grupo de personas expertas cuando se requiera su cooperación.
Se expedirá “un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para primeros respondientes”.
También se contará con una certificación nacional de los cuerpos de seguridad. Tanto de los niveles municipal, estatal y federal para que prevengan y atiendan estos casos con los estándares adecuados.
Rosa Icela Rodríguez señaló que “por desgracia, la mayoría de los homicidios y de los feminicidios son por personas conocidas de las víctimas. No es en las calles necesariamente dónde ocurran estos delitos. Lo quiero subrayar, sobre todo en los casos en los que ha habido ya una investigación”.
Al informe asistieron el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, Fabiola Alanís Sámano.
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En su turno, Gasman dio a conocer el Modelo Integral de Prevención Primaria de las Violencias hacia las mujeres; cuyo objetivo es desarticular las prácticas socioculturales que normalizan la desigualdad y reproducen la discriminación por razones de género. Las cuales se calculan tienen un costo del 1.4 por ciento del PIB nacional.
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