Tamaulipas en la lista negra del INE

Se dio a conocer que Tamaulipas está en la lista negra del Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia de género, pero tiene pocas sanciones por este motivo.

El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tenía hasta este jueves 5 de mayo un total de 199 personas infraccionadas.

En el infame listado aparecen diversos estados, y está encabezado por el de Oaxaca con 63 sancionados, seguido por Veracruz con 32 y Tabasco 18,

A continuación están Baja California con 14, Sonora 10, Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí 8; Quintana Roo 7, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro 5.

Con 4 sancionados: Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Nayarit;

El Estado de México y Puebla 3, Morelos y Yucatán 2, Coahuila, Colima, Michoacán y Tamaulipas 1 caso cada uno.

Destacan por no tener ningún sancionado Durango, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala.

En esta llamada lista negra, hay regidores, síndicos, alcaldes y alcaldesas, diputados, ciudadanos, servidores públicos municipales y electorales, dirigentes partidistas y hasta periodistas, entre otros.

Sorprende que en este rubro se hallen también a 30 mujeres acusadas por esta causa.

Caso Tamaulipas

Se trata de Alejandro Mares Berrones y fue por «publicar notas en un medio de comunicación digital, basadas en estereotipos de género, encaminadas a invisibilizar a la víctima, anulando sus logros y sus posibles aspiraciones políticas».

La entonces diputada local con licencia y candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros, Ivett Bermea, fue la afectada. De ella dijo el acusado: “es un instrumento de su esposo para recuperar el poder político” en esa ciudad.

La inclusión en la lista negra se sustentó en el expediente TE-RAP-08/2021 del 21 de abril del año pasado. El acusado apeló la resolución del Ietam ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero éste confirmó la resolución.

En el ámbito nacional, la mayoría de las víctimas son funcionarias de algún ayuntamiento y candidatas a algún cargo de elección popular.

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