A fin de que el exgobernador de Chihuahua pueda ser juzgado en Mexico por asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos finalizó el proceso de extradición de César Duarte y lo entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).
La entrega tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Miami en EE.UU. y, posteriormente, el exfuncionario quedará a disposición de un juez de Chihuahua.
Fue en 2018 cuando, según la FGR, las autoridades chihuahuenses entregaron las carpetas de investigación al gobierno federal. Asimismo, la federación recibió las órdenes de arresto en contra de César Duarte por una serie de delitos que se le imputaban. Sin embargo, no fue sino hasta un año después, en 2019, que las autoridades mexicanas reactivaron el caso.
Acusando al exgobernador de asociación delictuosa y peculiado, la juez de control del distrito judicial Morelos, en Chihuahua, emitió una orden de aprehensión en su contra el 08 de octubre del 2019.
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Finalmente, la Secretaría de Relaciones atendió el llamado de la FGR el 18 de diciembre de aquel año y solicitó al gobierno de EE.UU. iniciar el proceso de extradición de César Duarte.
Además de informar que Duarte ya fue extraditado, Mary Campos, gobernadora de Chihuahua, sentenció este jueves que “tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores”.
Por otro lado, la FGR compartió un comunicado para informar que César Duarte quedará a disposición de las autoridades de Chihuahua. El documento informó que “será la FGR la que, conforme a sus facultades y atribuciones, procederá a la entrega del reclamado a las autoridades del estado de Chihuahua”. Esto, indicó, “a fin de que pongan al señor César “D” a disposición del juez de control del Distrito Judicial Morelos de dicha entidad. En virtud de que el 08 de octubre de 2019, libró la orden de aprehensión en contra del reclamado y ante quien se iniciará el proceso penal correspondiente”.
Añadió que “a dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos. Por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014”.
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