El conflicto en el CIDE continúa gracias a adeudos, proyectos truncos y ahora la sombra de una huelga. Tellaeche mantiene paralizado al centro.
El conflicto por las decisiones de su director general, José Antonio Romero Tellaeche, mantiene al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) paralizado y endeudado. La crisis derivada de la desaparición de su fideicomiso y la imposibilidad de utilizar sus ahorros por restricciones de la Secretaría de Hacienda frenaron proyectos, prestaciones y hasta el pago a los académicos del centro de estudios.
Asimismo, académico y estudiantes estudian la posibilidad de ir a huelga e interponer una demanda colectiva.
El CIDE adeuda más de 17 millones de pesos a sus profesores y, aunque tiene ahorrados alrededor de 300 millones, no puede disponer de ellos. Esto, ya que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Hacienda los tienen de manos atadas.
La situación no sólo ha mermado el desempeño de los académicos, también afecta la producción de proyectos de investigación, cursos y diplomados; así como el intercambio educativo con organismos nacionales e internacionales, como el Banco Mundial y la Unión Europea, lo que podría repercutir en su reputación.
Aunado a esto, el CIDE padece la toma de decisiones que violan su estatuto y abonan al descontento de la comunidad; el cual, existe desde noviembre de 2021, cuando nombraron a José Antonio Romero Tellaeche director general, María Elena Álvarez-Buylla. Nombramiento que la comunidad tacha de irregular e ilegítimo; lo anterior, debido a que ni siquiera se ha hecho pública el acta de nombramiento.
Muerte al fideicomiso
Hasta 2020, el CIDE tenía dos formas de obtener recursos para su operación; el presupuesto anual federal como parte del CONACYT y la generación de recursos propios.
Sin embargo, con la cancelación del Fideicomiso del CIDE Los 300 millones que había en el fideicomiso hasta esa fecha fueron asegurados en una cuenta bancaria que no puede tocar, según Lorena Ruano, exsecretaria del Sipacide.
La razón: el CONACYT no ha emitido las reglas de operación correspondientes y éstas aún deben ser aprobadas por la SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez de la O.
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