El ambiente de violencia y las violaciones a derechos humanos en el país provoca el desplazamiento interno de más de 379 mil mexicanos.
La violencia y los conflictos en México han provocado el desplazamiento forzado interno de 379 mil personas. Así lo reveló el nuevo “Manual sobre desplazamiento interno” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La guía fue elaborada n conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Esta, cita datos recogidos por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
Según el reporte, el número de desplazados internos en México, con corte en 2021, se compara con los 53 millones de personas que Acnur calcula que se desplazaron internamente a nivel mundial debido a conflictos armados y violencia. “El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de las personas afectadas”. Esta fue la advertencia de Josep Herreros, representante asistente para protección de Acnur en México, en un comunicado.
La Acnur y el CICR destacaron que “México ha tomado los primeros pasos para el abordaje integral del desplazamiento interno”. Lo anterior, desde que el Gobierno reconoció en 2019 la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a nivel nacional.
Específicamente, los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa han elaborado leyes estatales en la materia, mientras que en Sinaloa, Sonora y Guerrero se ha tipificado el desplazamiento arbitrario como delito.
“Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos”; así lo expresó Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México.
Obligación del Estado
Ante este problema nacional, la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de la SCJN, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) del Consejo de la Judicatura Federal, presentó el “Manual sobre desplazamiento interno”. Este documento pretende ser una guía práctica para que los impartidores de justicia sigan “las más altas normas y estándares de derechos humanos y de derecho internacional en la materia”.
“Las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y, por lo tanto, el propio Estado tiene la obligación de protegerlas», destacó Ramírez.
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