Durante una reunión con representantes del Gobierno Federal, los familiares de los 27 civiles desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron incumplimientos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Marina (Semar). Y es que hasta el día de hoy, cuatro años después de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (GOPES) de la Semar, la recomendación 36VG/2020 de la CNDH no ha sido acatada.
Cabe mencionar que las desapariciones tuvieron lugar entre febrero y mayo del 2018 y, desde entonces, 12 de las 27 víctimas han sido localizadas sin vida.
Fue el pasado abril cuando los familiares de los desaparecidos en Nuevo Laredo pidieron a la CNDH municipal organizar un encuentro con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CESV). Asimismo, solicitaron la presencia de representantes de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación (Segob).
El presidente de la CNDH de Nuevo Laredo, Raymundo R. Vázquez, explicó que las familias de las víctimas han tenido sólo dos encuentros com el gobierno federal. Ambas con sede en Nuevo Laredo, la primera reunión tuvo lugar el 19 de enero del 2019 y la segunda el 13 de junio del 2020.
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También acusó que “los familiares han estado en el completo abandono por las autoridades responsables del cumplimiento de la recomendación y por la misma CNDH. La presidenta, en al menos 3 ocasiones, se ha negado a reunirse con los familiares de las víctimas pese a solicitarlo por escrito”.
Por otro lado, señaló que las familias reclamarán “la impunidad en que se encuentran los hechos ocurridos hace cuatro años”. Asimismo, Ramos Vázquez lamentó “el incumplimiento de la recomendación emitida hace dos años”.
Ya que la FGR sólo ha judicializado tres de las 34 carpetas de investigación, los familiares no están conformes con el desarrollo de las indagatorias. Sobre los Marinos vinculados al caso, recordó que consiguieron salir libres gracias a los amparos presentados contra las órdenes de arresto.
Añadió que “la FGR no sólo ha incurrido en no judicializar los casos por desaparición, sino en los que existen por privación de la vida. No hay ningún avance, a pesar de que entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y mujeres. A ello se agrega que en los procesos de búsqueda, no hemos localizado a nadie. Porque los planes de búsqueda no han atendido las evidencias ni los testimonios de familiares y sobrevivientes”.
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