Autoridades penitenciarias de Nueva York niegan nuevamente petición de libertad condicional al asesino de John Lennon.
Mark David Chapman acudió como lo hace cada dos años desde el año 2000 a solicitar este beneficio. Como cada dos desde entonces le fue negada la petición.
Es la duodécima ocasión en que le niegan la posibilidad de acceder a la libertad condicional.
Chapman cuenta en la actualidad con 67 años y hace 42 que asesinó a balazos al músico inglés quien fuera integrante de The Beatles, la banda que revolucionó la música en la década de los 60.
El asesinato ocurrió en 1980 frente al edificio Dakota en Nueva York, en donde residía el músico.
Lennon fue muerto a tiros frente a su esposa Yoko Ono.
A Chapman por el crimen se le condenó a purgar una pena de no menos de 20 años de prisión y que puede ser de cadena perpetua.
El asesino está preso en la prisión de alta seguridad de Wende, en el estado de Nueva York. Ahí el asesino del cantante compareció a finales de agosto ante la Junta de Libertad Condicional del estado de Nueva York. Su petición la rechazaron de plano nuevamente. No podrá presentar otra solicitud hasta 2024, apuntaron hoy medios locales.
Si bien todavía no han sido publicadas las razones del rechazo de su solicitud, en anteriores ocasiones se adujo que su libertad es “incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad” y que supondría “minimizar la gravedad de su crimen, con lo que minaría el respeto a las leyes”. Se espera que las razones sean muy similares.
Aunque se sabe que Chapman tiene un historial penitenciario “limpio” desde 1994, también pesa considerablemente el hecho de que actuó con premeditación y en busca de obtener celebridad.
Su libertad lo pondría en riesgo
Otro aspecto que las autoridades carcelarias han tenido en cuenta es que la liberación del asesino de Lennon supondría un problema de seguridad pública, ya que alguien podría atacar a Chapman “por rabia o como venganza”. Un escenario altamente probable.
Por su parte, la viuda de Lennon, la artista Yoko Ono, escribe cada dos años a la junta que debe decidir sobre su puesta en libertad para pedir que permanezca en prisión.
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