Una publicación en el Periódico Oficial del Estado evidenció que el gobierno estatal basificó a más de 500 servidores públicos, adscritos a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que laboraron de manera irregular durante todo el sexenio. Asimismo, destapó los intentos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del fiscal Irving Barrios por dar sustento legal a la dependencia, unos días antes de concluir su mandato.
La publicación quedó reflejada en el Periódico Oficial del Estado número 109, con fecha de martes 13 de septiembre, y determina que 552 servidores públicos de carácter sustantivo de la Fiscalía de Tamaulipas, que no forman parte del servicio profesional de carrera, se incorporan al mismo.
El acuerdo pretende “regularizar” la situación de 552 personas, incluyendo agentes del Ministerio Público, policías, peritos y facilitadores, que no estaban incorporados al Sistema Profesional de Carrera.
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Personal consultado al respecto explicó que la medida resulta en contrasentido, pues el considerando Décimo Primero (el cual pretende ser uno de sus justificantes) señala que dichas personas son servidores públicos en activo, que cuentan con la formación inicial equivalente y han acreditado exámenes de control de confianza. Por ello, se trata de personal que habría cubierto con antelación los requisitos de ingreso correspondientes.
La medida pone en evidencia una deficiente operación del Servicio Profesional de Carrera en la Fiscalía del Estado, ya que, años después, se pretende ejecutar mediante un «Acuerdo Administrativo» algo que está de antemano determinado por la ley.
Además, se advierte un ejercicio discrecional, al adscribir a categorías o niveles superiores a ciertas personas que podrían no contar con los méritos suficientes. También se percibe opacidad y falta de certeza hacia otros servidores públicos, quienes permanecen en categorías básicas a pesar de su antigüedad y experiencia.
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