Argumentando que la falta de Estado en el país afecta la confianza y las inversiones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a los partidos de oposición frenar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el documento, «ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Por ello, urgimos a que se presente la controversia ante la SCJN (contra la militarización de la Guardia Nacional)», misma que Coparmex acompañará como sector.

Previo a la votación de la iniciativa que permitiría al Ejército realizar labores de seguridad pública hasta el 2028, la Coparmex urgió a los legisladores a «no someterse a presiones ni a intereses de partido».
Actualmente, el Gobierno Federal ha permitido la participación de las Fuerzas Armadas en actividades como la administración de aduanas, la entrega de apoyos y la construcción de aeropuertos y sucursales bancarias. Sin embargo, la Confederación consideró que la actual administración debería replantearse que los militares desempeñen tareas que no son propias de sus funciones.
También te podría interesar: [Video] Padres de normalistas de Ayotzinapa piden justicia previo al octavo aniversario
Asimismo, Coparmex señaló que «la estrategia actual no ha dado resultados. Vemos con preocupación que se han acumulado más de 130 mil homicidios en solo 46 meses del actual sexenio. Por ello consideramos que debe replantearse la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles».
Ante esta situación, «se apruebe o no la iniciativa de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, reiteramos que es necesaria una estrategia eficaz para el fortalecimiento de las policías con mandos civiles en los tres órdenes de gobierno que permita al Ejército regresar a los cuarteles».
Debido a que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) sólo tendrá un aumento del 1% en 2023, la organización calificó de «alarmante» la distribución del presupuesto en el Paquete Económico 2023, el cual está centralizado en el Ejército y no en fortalecer a las policías.

