El presidente López Obrador dice que no comparte la visión del GIEI y afirma que no tuvo resistencia del Ejército ni del Fiscal por Caso Ayotzinapa
Precisó el mandatario mexicano que “por lo que a él le corresponde”, siempre tuvo colaboración tanto del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Quienes son Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda, respectivamente.
Estas declaraciones se dan en el contexto de la denuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dichas organizaciones denuncian la intromisión y obstrucción de la Fiscalía y el Ejército mexicano para dificultar sus investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Así se expresó el mandatario mexicano:
“Ayer, con todo respeto a los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la Fiscalía y se señaló al Fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del Fiscal ha sido de colaboración.
No tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido, de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes. Ese es mi testimonio”.
Continuó López Obrador:
“Y lo mismo en el caso de la Sedena, toda la información que solicitaron quienes están en la Comisión se les entregó. Yo personalmente hablé con el secretario, con el almirante, con todos, para que se entregara todos los documentos. Todo lo que aparecía en los archivos, por eso también se avanzó”.
Difiere el GIEI
En conferencia de prensa por su parte, Ángela Buitrago denunció que en la FGR “se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.
Por su parte Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de romper el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Adicionalmente, los padres de los jóvenes han denunciado impunidad de las Fuerzas Armadas, además del enojo que ocasionó la noticia de que la FGR canceló la semana pasada 21 órdenes de arresto, de las que 16 corresponden a militares.
En lo que coinciden todas las partes, es en el rechazo a la “verdad histórica”. La versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
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