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Entre los miles de correos electrónicos filtrados por el grupo de hackers «Guacamaya» destacan decenas de informes y análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que evidencian la complicidad que existe entre los grupos criminales y los gobiernos locales.

Entre los estados que se encuentran bajo el dominio de la delincuencia figuran Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, territorios que fueron blanco de espionaje y mapeo delincuencial por parte de las 12 regiones militares de la SEDENA durante los últimos años.

El reporte de inteligencia 2204-3646 detalla que el alcalde de Buenavista por Morena, Sergio Baez Torres, se reunió el pasado 02 de mayo con un operador del grupo criminal «Los Viagra» para recibir instrucciones sobre la reubicación de elementos del Ejército Mexicano en la entidad michoacana.

De acuerdo con el informe, «tras reunirse con el presidente municipal de Buenavista, Michoacán, definieron el punto de reubicación del personal militar desplegado en dicho municipio en un terreno ubicado frente a una gasolinera, cuyos gastos» correrán a cargo de «la citada presidencia municipal».

Asimismo, el reporte indica que el operador de «Los Viagra» amenazó con ir a la casa del funcionario si éste se negaba a que la reunión fuera inmediata, pues conocen su domicilio y su número de teléfono. Ese mismo operador del grupo criminal recibe apoyo por parte de un regidor del ayuntamiento de Buenavista para gestionar apoyos.

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Por otro lado, la SEDENA investiga a seis alcaldes de San Luis Potosí, todos ellos elegidos en 2021, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

El alcalde priísta de San Vicente Tancuayalab, Jesús Soni Bulos, es hermano del encargado de una célula afín al Cártel San Luis Potosí Nueva Generación-Cártel Jalisco Nueva Generación (CSLPNG-CJNG) en el municipio de Tanquián de Escobedo, Jorge Luis Soni Bulos «El Coquis».

Entre los gobiernos locales señalados por la SEDENA figura el presidente municipal de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, pues la dependencia alerta que formó parte del Cuerpo de Defensa Rurales hace años y tuvo vínculos con grupos criminales. También operó para controlar el tráfico de combustible ilícito procedente del estado de Tamaulipas.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas consideran que el alcalde del municipio El Naranjo, Rafael Olvera Torres, mantiene nexos con dos sujetos detenidos el 27 de septiembre del 2019 con una manta del «Gpo. Optvo L23» del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el caso de los otros tres mandatarios locales, la SEDENA documentó publicaciones en redes sociales sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

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