Luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusara a las organizaciones civiles de guardar «silencio cómplice» con otros gobiernos y asegurar que su administración no viola los derechos humanos, más de 20 organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano tiene un «absoluto desinterés» en dialogar con la sociedad y responder sobre la militarización de la seguridad pública.
Entre las organizaciones no gubernamentales que reprobaron la postura del gobierno sobre la militarización se encuentran la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Impunidad Cero, Seguridad Sin Guerra, entre otras.
Mediante un comunicado publicado este martes, el grupo aseveró que existe impunidad ante las violaciones graves a los derechos humanos y consideró necesario desmilitarizar al país, desmantelar las redes de macrocriminalidad y reconstruir las policías tanto estatales como municipales.
En respuesta, la exencargada de la representación mexicana en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, expuso que la estrategia de seguridad del gobierno federal busca pacificar el país y está basada en reformas aprobadas por el Congreso.
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Ante esto, las organizaciones calificaron de «política de seguridad fallida» a las acciones desplegadas por el gobierno que incluyen el decomiso de drogas y la captura de presuntos miembros del crimen organizado.
«Es particularmente grave que, frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de “guerra contra las drogas” que criminaliza y estigmatiza a grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencia cientos de miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos», apuntaron.
También pidieron que el gobierno mexicano explique los mecanismos de regulación y supervisión para el adecuado uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como las acciones tomadas para construir el carácter civil de la Guardia Nacional.
Finalmente, solicitaron a la CIDH recomendar un programa de retiro progresivo de los militares a la par del fortalecimiento de los cuerpos de policía, así como medidas para el desarme, desmovilización y reinserción social de personas jóvenes capturadas por redes criminales.
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