De acuerdo con el presidente, hasta 21 órdenes de aprehensión podrían reactivarse por el caso Ayotzinapa. Aunque precisó que esto solamente si hay elementos para hacerlo.
Dijo López Obrador que todavía pueden ser reactivadas las 21 órdenes de aprehensión canceladas por la Fiscalía General de la República y que están relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano puntualizó que esta acción ocurriría siempre y cuando se tengan las pruebas necesarias .
Así lo dijo:
“Sí, sí (podrían reactivarse), siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales. Porque les explicaba -y fue muy buena la reunión por eso-, que se actuó a partir del informe de la comisión”.
Dijo que los que aparecen en el informe son para los que se solicitaron las órdenes de aprehensión.
Abundó en el tema:
“Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25, los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación -porque yo siempre digo lo que pienso- es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara (…), quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metía ya no se iba actuar sobre los que estaban como responsables en el informe”, explicó.
Señaló que todavía podrían existir más órdenes de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Claro, pero lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión. O que se fugaran los que estaban señalados en el informe, incluidos los militares”.
Acerca del nuevo fiscal del Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, lo calificó como “un abogado íntegro, honesto, de primera”.
El caso de la desaparición de los 43 estudiantes tomó nuevamente relevancia tras el reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno. En dicho documento se reconoce que fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y los da por muertos.
A pesar de lo anterior, los padres de los jóvenes desaparecidos han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas y la FGR tras cancelar 21 órdenes de arresto. Se afirma que 16 de ellas corresponden a militares relacionados con el caso.
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