La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da un mes para que el gobierno de EEUU responda por la muerte de un migrante mexicano.
El migrante habría muerto a manos de agentes fronterizos de los Estados Unidos.
El plazo de la Comisión comienza a correr este viernes.
La denuncia por la muerte del mexicano Anastasio Hernández Rojas, data desde 2010.
Los demandantes presentaron documentos, argumentos orales y testigos, con la participación desde San Diego, de la viuda del inmigrante, María Puga, quien reside en esa ciudad californiana.
La audiencia se llevó a cabo de manera virtual.
La abogada Andrea Guerrero, de la organización Alianza San Diego, señaló en conferencia de prensa que el caso del mexicano “es el primero, pero no será el último que se presente”.
Guerrero declaró que en los doce años que han transcurrido desde la muerte de Hernández Rojas, se han sumado otros 250 casos similares.
Lo que ocurrió
Los demandantes señalaron que en mayo del 2010 más de una docena de oficiales fronterizos detuvieron a Hernández Rojas. Posteriormente se asegura que lo mataron a golpes y con reiteradas descargas eléctricas.
Se puso de relieve que el mexicano estaba esposado y sometido, con oficiales arrodillados sobre su cuello y espalda mientras suplicaba por ayuda. Todo ello quedó grabado en al menos dos videos de testigos con celulares.
La viuda de Hernández Rojas lamentó la ausencia de respuestas por parte del gobierno estadounidense durante la audiencia, situación que cuestionaron los demandantes.
“Ahorita vimos que el gobierno no tuvo palabras para contestar, como lo ha hecho en estos doce años. No saben qué contestar, porque saben que tenemos la razón y que hoy se les expuso la verdad de lo que pasó”, aseguró.
En opinión de la abogada Guerrero, “hoy es un día de vergonzoso para los estadounidenses”.
Manifestó que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es “la mayor amenaza a los derechos humanos en Estados Unidos“.
Por su parte, María Puga dijo que ha sido una vergüenza que más de una década el gobierno siga sin responder y sin sancionar a los agentes involucrados en la muerte de su esposo.
Hernández Rojas había vivido 25 años en el condado de San Diego, tenía una pequeña empresa con la que sostenía a su familia, con cinco hijos estadounidenses.
La abogada Roxanna Althoulz, de la organización Berkeley Law y quien representa a la viuda de Hernández Rojas, lamentó “que Estados Unidos se comporte en la manera en que he visto a dictadores comportarse” al representar a víctimas en Latinoamérica.
Althoulz dijo que pidió a la CIDH que si el gobierno estadounidense falla en responder a las evidencias que se le presentaron este viernes en audiencia, “entonces esas pruebas se presuman ciertas”.
Cancillería reconoce a la CIDH
La Cancillería mexicana divulgó por su parte un comunicado en que expresó que “el gobierno de México reconoce la decisión de la CIDH de llevar a cabo una audiencia” sobre el mexicano.
A la audiencia acudieron los dirigentes locales Christian Ramírez y Pedro Ríos, los primeros activistas que apoyaron a la viuda de Hernández Rojas desde que su esposo se encontraba hospitalizado, pero declarado con muerte cerebral.
El médico forense del condado de San Diego declaró que la muerte de Anastasio Hernández fue un homicidio.
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