El Centro Prodh afirma que los datos no verificados no restan valor a pruebas en contra de militares en el Caso Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acusó que los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa buscan confundir.
Esto luego de que los militares presentaron una denuncia penal por la supuesta fabricación de pruebas en el informe que presentó la Segob. Se refiere a los avances en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.
En un comunicado, la organización civil comientó:
“Con anuencia del mando, militares acusados en Ayotzinapa buscan confundir. La no verificación de partes del informe Covaj no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y 27 Batallón”.
Los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y Cesar Omar González Hernández, anunciaron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Es en contra de quien resulte responsable por la presentación de datos no verificados en el informe armado por las autoridades federales.
Ellos son los abogados defensores del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y del sargento Eduardo Mota Esquivel.
Lo anterior luego de que Encinas aceptó que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) incluyó 467 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp.
Dicha conversaciones serían entre supuestos criminales y funcionarios, pero no fue posible verificarlas, por lo que dicen podrían haber sido fabricadas.
Sin embargo, el Centro Prodh recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe IV del caso Ayotzinapa reveló conversaciones que muestran la relación entre el grupo criminal Guerreros Unidos y militares en Guerrero.
No se utilizaron en la judicialización de los casos
El pasado 31 de octubre, el GIEI afirmó que aunque se demostraron las inconsistencias de las capturas de WhatsApp incluidas en el informe de Encinas, este no fue utilizado para la judicialización de los casos.
Además, Angela Buitrago, investigadora del propio GIEI, aseguró que existe evidencia de que miembros del 27 Batallón de Infantería estuvieron al tanto de lo que pasó el día que desaparecieron los 43 normalistas.
“Fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección, mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba pasando y además controlaban al C4”, criticó.
Incluso al propio general coronel José Rodríguez Pérez— vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa— se le recriminó internamente por la junta regional de inteligencia debido a su falta de actuación para ayudar a los jóvenes, señaló la investigadora.
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