El titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, negó que la instancia a su cargo haya vinculado a proceso a los militares detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes, pues la decisión correspondió a la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 27 de octubre, cuatro de los militares detenidos por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa informaron que ya trabajan con sus equipos legales para recabar información y preparar una denuncia penal contra las autoridades a cargo del caso. Y es que Alejandro Encinas, quien también funge como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), admitió en entrevista con medios que la investigación contiene pruebas sin sustento.
A través de su cuenta en Twitter, el funcionario declaró que la Fiscalía General de la República «ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales con base en evidencias sólidas y contundentes», todas confirmadas «por un juez al vincularlos a proceso».
Asimismo, reafirmó que el ejercicio «de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso. La Comisión busca y da a conocer información sobre los hechos. No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos».
Acusó también a los abogados de los militares que presentaron la demanda en su contra por la fabricación de pruebas de estar «vinculados a la delincuencia organizada» y haber perpetrado «la desaparición de los estudiantes».
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En el video, publicado en redes sociales, el subsecretario de Gobernación dejó en claro que «los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa».
Alejandro Encinas consideró como parte de sus obligaciones informar a los mexicanos sobre los avances en el caso de los 43 normalistas, desaparecidos el 26 septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
«Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que, además, implica la comisión de algún delito, es una aberración», sentenció.
Finalmente, el titular de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa acusó que la investigación del Gobierno Federal sobre el caso de desaparición enfrenta intentos de desprestigio, pues las prácticas arraigadas del viejo régimen obedecen a intereses que buscan ocultar la verdad.
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