El anterior gobierno de Tamaulipas que dirigió Francisco García Cabeza de Vaca, dejó un daño al erario estatal por 500 millones de pesos. Situación por la que ya se presentaron denuncias contra exfuncionarios de aquella administración, dio a conocer el gobernador Américo Villarreal Anaya.
“No vamos a descansar hasta agotar todas las instancias legales para que aquellos, que saquearon a nuestro estado, reciban todo el peso de la ley”. Dijo el mandatario tamaulipeco al tener los resultados del proceso de “Entrega-Recepción”.
Durante la conferencia de prensa realizada este lunes, en el salón Independencia del Palacio de Gobierno, afirmó que tras ese proceso, ya tienen el estado real, en el que se recibió el Estado y todas sus instituciones.
“Se han escrutado a detalle las irregularidades que desde un inicio, pudimos percatarnos que existían y que hoy, nos permite tener un balance real y tangible. Hasta el momento, hemos presentado 18 denuncias. En total, 35 exservidores públicos han sido denunciados, y detectamos un daño al erario estimado en más de 500 mdp”, dijo.
Detalló, que los casos más graves son los de la Secretaría de Bienestar Social. Donde se detectaron irregularidades que podrían configurar en los presuntos delitos de peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Hay una falta de comprobación de la entrega y destino de más de 480 mil despensas, con un importe de más de 124 mdp. Así como una falta de comprobación sobre la erogación de más de 235 mdp por concepto de la ejecución del programa “Generación del Cambio y Bienestar Social”.
Asimismo explicó que en la Secretaría de Obras Públicas, también se detectaron faltas graves. Donde podrían configurarse los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
“Hubo una adjudicación indebida de obras y simulación de contratos”, explicó.
En lo que corresponde a la Secretaría de Salud, señaló que se detectó un faltante de 242 tablets, 94 laptops, equipo de impresión, escaneo y cómputo. Por lo cual se incurrió en los posibles delitos de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y ejercicio abusivo de funciones.
En el Sistema DIF Tamaulipas, también se determinó en este análisis del proceso de Entrega-Recepción, la “contratación de arrendamiento con personas, cuyo parentesco se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad”. Por lo cual se podría haber incurrido en delitos, como el uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
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